Europa está girando hacia un modelo laboral más duro, más largo y más inseguro. En varios países gobernados por la derecha y la ultraderecha ya se están aprobando reformas que retrasan la jubilación, amplían jornadas, debilitan la negociación colectiva y endurecen las ayudas sociales. El mensaje se repite con distintos acentos: "competitividad", "austeridad", "modernización". El resultado es siempre el mismo: trabajar más, cobrar menos y asumir más riesgos individuales. No es un debate teórico ni un alarmismo ideológico. Está ocurriendo ahora. Y el modelo que se está consolidando en Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos o en los sectores conservadores que presionan en Alemania es el mismo que defienden, con matices, los aliados políticos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Europa. La pregunta ya no es qué está pasando allí. La pregunta es qué pasaría aquí si gobernaran. El primer gran frente ha sido el sistema público de pensiones. Francia abrió la puerta con la reforma impulsada por Emmanuel Macron, que elevó la edad de jubilación y endureció los años necesarios de cotización para acceder a la pensión completa. Millones de personas salieron a la calle porque entendieron lo que significaba: trabajar más años, en muchos casos en peores condiciones físicas, para mantener derechos que antes estaban garantizados. Pero la tendencia no se ha detenido. En Países Bajos ya se ha consolidado un modelo que desplaza el riesgo del Estado al trabajador. Las pensiones dependen más de los mercados financieros y la edad de jubilación se ajusta automáticamente a la esperanza de vida. Si los mercados caen, el pensionista pierde. Si la esperanza de vida aumenta, se trabaja más tiempo. El principio de solidaridad colectiva se diluye y se sustituye por una lógica individualizada. En Grecia, el Gobierno conservador ha legalizado la semana laboral de seis días en determinados sectores y ha ampliado la posibilidad de jornadas de hasta 13 horas diarias bajo ciertos supuestos. El argumento es conocido: atraer inversión y aumentar productividad. El efecto real es una presión creciente sobre el trabajador, que ve cómo el tiempo de descanso y conciliación pierde peso frente a las exigencias empresariales. Hungría ya marcó el camino con la conocida como "ley esclava", que permite exigir hasta 400 horas extra anuales y aplazar su pago durante años. Es un modelo que reduce la capacidad de negociación del empleado y fortalece la posición empresarial. Más disponibilidad, menos poder colectivo. Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, eliminó la Renta de Ciudadanía y la sustituyó por ayudas más restrictivas y condicionadas. El discurso que acompaña estas decisiones es siempre moralizante: quien recibe apoyo debe demostrar constantemente que lo merece. Se instala la idea de que la pobreza es una sospecha permanente y no una realidad estructural. En Alemania, además, sectores de la derecha económica y política presionan para incentivar más horas de trabajo y retrasar salidas del mercado laboral, bajo el argumento de que el país necesita "trabajar más" para sostener su competitividad industrial. El debate se centra en ampliar la vida...