Juanfran Pérez Llorca no pedirá el acta a Mazón. Las fuentes oficiales de Presidencia de la Generalitat a las que ElPlural.com les ha preguntado si lo iba a hacer han sido claras a la pregunta: "Después de saberse que había un muerto, que había 100 personas esperando un rescate y que Mazón decidiera quedarse de comida. ¿Va el presidente a pedirle el acta a Mazón?". La respuesta no ha podido ser más clara: "Carlos Mazón ha asumido su responsabilidad dimitiendo de su cargo como presidente de la Generalitat. El acta de diputado le fue otorgada por parte de los valencianos y valencianas". O en lenguaje mundano: no, no le va a pedir el acta. El problema de Pérez Llorca es que llegó a la presidencia de la Generalitat con una frase que puede terminar siendo su epitafio político. Y es que el presidente quería tender puentes con los familiares de las víctimas de la DANA. Sin embargo, a los pocos días de su investidura se han hecho públicos los indecentes mensaje de WhatsApp entre la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en los que se evidencia que Mazón sabía de la gravedad de la situación y no solo no hizo nada, sino que prefirió quedarse de comida en El Ventorro mientras sus ciudadanos se ahogaban. Así, el nuevo presidente ascendió a los altares de la política aseverando en su toma de posesión: "tal y como me comprometí mis primeras palabras van dirigidas a las familias de las víctimas de la DANA. Corresponde como presidente pedir perdón. Estas palabras van mas allá del formalismo institucional, son personales. Palabras necesarias para hablar claro, ni el día 29 ni los posteriores las administraciones publicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad. Un perdón que ha de ser el inicio de una reconciliación de todos. Ha sido un año duro, de mucha tensión, de crispación que solo ha añadido dolor al dolor. No merecen sentir más soledad. Si queremos avanzar debemos avanzar". "Mazón ha asumido su responsabilidad dimitiendo de su cargo como presidente. El acta de diputado le fue otorgada por parte de los valencianos y valencianas" Pero ahora, con las cartas sobre la mesa, el sustituto de Carlos Mazón se ha puesto del lado de su predecesor y no de las víctimas. Más de lo mismo al frente del Consell, continuismo puro y duro. Y así se lo han dejado claro las asociaciones de víctimas al nuevo presidente en un durísimo comunicado emitido este lunes. Un escrito donde han exigido formalmente la entrega del acta de diputado del expresidente Carlos Mazón, y han asegurado que no mantendrán ninguna reunión institucional hasta que se asuman responsabilidades políticas por la gestión de la tragedia. Presión de la oposición La tranquilidad no le llega al Partido Popular con la dimisión y el relevo de Carlos Mazón. La presión es palpable en el escenario político valenciano y en la oposición ya redirigen la presión sobre...

Tras más de año y medio de instrucción, el juez Juan Carlos Peinado se queda sin palancas que tocar en su cruzada judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Unos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid le diese un nuevo tirón de orejas y le obligase a desimputar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, llega un nuevo correctivo. Esta vez, por parte de la Asociación de Abogados del Estado. El magistrado solicitó hace unas semanas a la entidad que hicieran las veces de perito para analizar la firma de la mujer de Pedro Sánchez en los pliegos de condiciones para la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La conclusión, a cuyo escrito ha tenido acceso ElPlural.com, es que éstos no exigen condiciones o requisitos específicos. A finales del mes de noviembre, Peinado reclamó a esta entidad un informe detallado sobre "las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas". El instructor ya tiene su respuesta. Concretamente, llegó el pasado 2 de diciembre, a través de un breve escrito en el que la Asociación de Abogados del Estado expone que su actuación como perito en el procedimiento comprometería la neutralidad de la institución, habida cuenta de que la cuestión planteada desemboca en una suerte de conflicto de intereses al coincidir con un proceso penal en el que un abogado del Estado figura personado. La contratación No obstante, a pesar de la imposibilidad, la asociación remite al Juzgado de Instrucción la información pertinente sobre el "régimen jurídico aplicable a la elaboración, redacción o suscripción de pliegos de condiciones y prescripciones facultativas". En este sentido, detallan en el documento que el expediente de contratación previsto en la Ley 9/2017 se inicia motivando la necesidad del contrato, para posteriormente definir su objeto a través de una memoria y, en este caso, incorporando un pliego de cláusulas administrativas, así como el de prescripciones técnicas. El colectivo añade en el escrito que, una vez completado el expediente, se pasa a la resolución motivada aprobándolo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicho lo cual, implica la aprobación del gasto, con excepciones previstas en la legislación vigente. Además, agregan que la aprobación de las cláusulas administrativas particulares compete al órgano de contratación, quien a su vez podría aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. Palabra oculta ¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy? Jugar A juicio de los letrados – concluyen en su escrito -, "no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado", como tampoco se exige "una titulación concreta para su redacción". Es más, ni tan siquiera la ley prevé...

La cantante Luz Casal está promocionando su nuevo disco, Me lo voy a permitir, el número 18 de toda su carrera, y ha concedido una entrevista al diario El Mundo que, además de hablar de su vida profesional, también ha hecho comentarios sobre los cambios que la artista observa en España desde que salieron a la luz sus primeras canciones en 1982, sobre todo en Madrid, ciudad que ahora le "destroza absolutamente". En términos generales, Luz Casal opina que "no estamos más" en la actualidad, aunque aún se siguen "gestionando conflictos que son pesados y antiguos", en alusión a aquellos que sienten nostalgia por los mandatarios con uniforme castrense. "Se han enquistado y nos enfrentan, y perdemos mucho tiempo en esas discusiones ideológicas que no son problemas reales", dice Casal con respecto a la creciente polarización y los discursos confrontación que acostumbran algunos de los personajes de la clase política actual. ¿Deterioro de Madrid? Sin embargo, la cantante gallega se ha sincerado cuando ha reparado para hablar sobre la capital de España, confesando que le "mata" ir por Madrid y presenciar a gente sin hogar viviendo en la calle. "Me destroza absolutamente", dice. Cuando la artista visita la ciudad, suele ir a cenar a restaurantes y pasear por las calles del centro, pero cuando toma consciencia sobre la situación, asegura que "es duro" y le "quita el hambre". Ya dejó de ir a Los Ángeles por esta misma cuestión, según comenta en la entrevista. Una situación "que ahora empiezo a ver aquí" y que causa un "impacto tan brutal" que, es posible que la artista valore si incorporar a Madrid en esa lista de ciudades indeseadas. Casal afirma que "antes a los pobres no se les veía tanto", por lo que concluye que este fenómeno está "yendo a peor" y apela a los cargos institucionales a "actuar" y "no seguir con las discusiones de siempre". La clase política La autora de No me importa nada se ha mostrado contundente cuando le preguntaban por el tono utilizado por los políticos actuales en comparación con los de hace 40 años, valorando esta cuestión como "un retroceso grave", ya que, en un Estado democrático debe primar la "solidaridad" y las ideas deben de convivir "aunque sean completamente opuestas", algo que "no lo estamos haciendo muy bien". Casal opina que España "no se rompe", pero si se está "perdiendo el respeto" por quien piensa diferente. También afirma "no tener la receta" para recuperar ese respeto, pero cree en el "entendimiento", que es lo que puede hacerlo posible. "Si tuviera la solución mi vida hubiera ido por otro lugar", reflexiona. Asimismo, la artista dice expresar este mensaje a través de sus canciones y "de manera resumida", nacidas en "la fuerza del pensamiento y la esperanza". Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes Síguenos en Google Discover

En la España del franquismo, votar no era exactamente elegir. Era, más bien, participar en una coreografía política cuidadosamente diseñada para producir un resultado impecable: la adhesión inquebrantable al régimen. Aun así, el acto se llamaba "votar", había urnas, papeletas, censos y un entusiasmo fotogénico que el NO-DO convertía en epopeya cívica. Si hoy intentásemos reconstruir aquella experiencia, quizá lo más honesto sería redactar un manual: la guía oficial —y no escrita— del votante ideal de una dictadura que hacía de la democracia un decorado. Paso 1. Aceptar que votar es un deber moral, no un derecho El primer requisito para convertirse en el votante perfecto del régimen era asumir una idea esencial: votar es una obligación patriótica. El discurso franquista convertía la participación en un acto de fidelidad a España, a la unidad, a la tradición y al Caudillo. La ciudadanía —tal y como la entendemos— no existía. Existían los "españoles de bien", responsables de refrendar, casi por higiene moral, las decisiones previamente tomadas. La propaganda era clara: no votar equivalía a desmarcarse de la comunidad nacional. No participar era sospechoso; hacerlo, señal de civismo. De este modo, el sufragio dejaba de ser una conquista democrática para transformarse en un examen de adhesión. Paso 2. No preocuparse por informarse El votante ideal sabía que informarse no tenía mayor importancia, porque todas las opciones —cuando las había— conducían al mismo destino: la continuidad del orden franquista. La prensa, sometida a censura previa hasta 1966 y después vigilada mediante la autocensura, transmitía un mensaje uniforme: unidad, estabilidad y ausencia de conflicto. Los referéndums y procesos consultivos que jalonaron el franquismo —Ley de Sucesión de 1947 o Ley Orgánica del Estado en 1966— se presentaban como avances históricos. La ausencia de pluralismo se maquillaba mediante un lenguaje solemne: "democracia orgánica", "comunión nacional", "participación armoniosa". El votante ideal no debía hacerse preguntas; su misión era absorber el relato oficial con naturalidad. Paso 3. Ir a votar con convicción (o fingirla) En el ritual electoral del franquismo, la apariencia era clave. Aunque nadie pudiera elegir realmente entre opciones políticas, se esperaba del votante cierto entusiasmo. El NO-DO mostraba filas ordenadas, sonrisas tímidas —o forzadas—, mujeres con mantilla y hombres trajeados que cumplían alegremente con su deber cívico. Para el votante ideal, lo fundamental era estar presente, porque la presencia alimentaba las estadísticas. Y las estadísticas eran un elemento crucial: abultadas participaciones del 90% o resultados del 95% a favor servían de carta de presentación ante el exterior. El régimen necesitaba mostrar normalidad democrática, y la ciudadanía, aun sin saberlo, era parte del atrezo. Paso 4. Entender que la papeleta es simbólica En una democracia, depositar una papeleta implica tomar una decisión. En el franquismo, la papeleta era un símbolo, un objeto destinado a confirmar lo ya decidido. En los referéndums, el "sí" no competía contra el "no" en igualdad de condiciones; el "no" era casi una anomalía estadística, una nota disonante en una partitura escrita de antemano. En las elecciones municipales por el tercio...

El Hospital de Torrejón de Ardoz se encuentra en el ojo del huracán del foco mediático después de la publicación de unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, la entidad privada que gestiona el centro, abogase por incrementar las listas de espera para engordar los beneficios en perjuicio de los pacientes. No obstante, lo conocido en los audios es solo la punta del iceberg, ya que la precarización de este centro viene de atrás y sus numerosos problemas ya fueron señalados por sus trabajadores y por los sindicatos. Este hospital fue inaugurado en 2011 en el marco del desarrollo de varios centros públicos que serían asumidos por la gestión privada durante el mandato de Esperanza Aguirre. Sirve a 140.000 personas y todos sus servicios son públicos, pero están gestionados íntegramente por el grupo privado Ribera Salud, una empresa con sendas relaciones con el PP por administrar numerosos centros sanitarios en las comunidades donde gobierna. Es ahora cuando ha trascendido el escándalo, pero las alarmas vienen de antes. En mayo de 2025, 260 trabajadores firmaron un manifiesto en el que, además de achacar a los directivos en ese momento una mala gestión del personal y un mal ambiente laboral, mostraban su preocupación por las dimisiones, bajas y ceses de profesionales desencantados con un modelo precario, a los que reemplazan constantemente y a toda velocidad a través de una web privada especializada en contratos sanitarios, denominada Livo. "Esto supone que llega gente sin experiencia, que no sabe manejar el sistema y estamos constantemente formando y adaptándonos a personal nuevo", publica elDiario.es en sus páginas tras entrevistar a uno de los empleados. Los trabajadores han denunciado, también este año, "prácticas poco idóneas" para los pacientes y un servicio especialmente precario que se nota en diferentes aspectos como, por ejemplo, que los radiólogos hagan guardias desde su casa. Esto supone que un técnico hace la radiografía o ecografía presencialmente usando las máquinas del centro, pero el radiólogo que la analiza está conectado en línea, en su domicilio o en otro centro de trabajo, y la interpreta desde allí, complicando la comunicación con el resto de profesionales, tal y como alertaban ellos mismos. Pese a los refuerzos, desde dentro del hospital señalan que esta práctica continúa. Desde la dirección del hospital admiten la práctica y la justifican alegando que "supone una ventaja porque apoya en remoto al equipo clínico presencial". Varias velocidades en la atención por intereses económicos Por otro lado, emplados también denuncian que han detectado varias velocidades a la hora de atender a los pacientes en función de los intereses económicos del hospital. Nuevamente según el citado medio, los trabajadores relatan que se prioriza en consultas externas o en operaciones quirúrgicas a pacientes que pertenecen a otros hospitales y que provienen de la "libre elección" que impuso Esperanza Aguirre en 2010, ya que el beneficio del centro es mayor al 'tragar' pacientes de otros centros: por cada paciente captado de otra área sanitaria, el hospital cobra un plus. "Hay una...

Hasta la fecha, Carlos Herrera era el único marido conocido de Mariló Montero. Sin embargo, la presentadora ha dado la sopresa recientemente en el espectáculo conducido por la humorista Valeria Ros, con quien forjó una buena relación en MasterChef Celebrity. La navarra ha confesado que, tras su divorcio, desde 2018 se encuentra casada con un africano. La de Estella le confesaba a Ros que en su primer viaje a África contrajo matrimonio simbólico, según las costumbres locales, con el chófer del vehículo en el que realizó un safari en Namibia hace siete años. "Es verdad que ahora mismo estoy casada con un africano. No me he divorciado, así que si no ha habido divorcio y hubo casamiento, sigo casada con el muchacho", relataba la presentadora. Montero desveló cómo terminó casándose con el hombre sin casi darse cuenta, cuando decidió bajarse del coche en el que viajaba: "Entre bicho y bicho, me bajé del coche, una auténtica suicida", arrancaba. El conductor, "un hombre de sonrisa cautivadora y mirada brillante", se ofreció a acompañarla para que estuviera siempre en una zona segura: "Me dijo que si quería bajar, me llevaría a un lugar más tranquilo". La última ganadora del talent culinario de TVE ha asegurado que en ese momento "pensaba que mi amor venía en el coche conmigo… pero que va. Cuando una va distraída y no se espera nada es mucho mejor todavía". Montero recordaba el atuendo que llevaba en aquel momento mágico, un pantalón verde a juego con una blusa. Juntos contemplaban el paisaje local cuando él comenzó a 'fabricar' una pulsera graciasa unas ramas verdes. "Y yo empecé a sentir mariposas en el estómago, me empezó a gustar... muy coqueta", contaba Mariló Montero, recordando algunos de los románticos momentos que vivieron juntos en aquella visita. Sin embargo, el momento de la despedida fue inevitable y, justo a punto de dejar atrás el país, la presentadora era consciente de lo que había sucedido: "Nos íbamos al aeropuerto y él seguía corriendo detrás. Paró la camioneta, abrió la puerta, me bajó, me puso entre sus brazos y me dio un morreo, una cosa... me volvió loca". En ese instante, el hombre le contó que estaban casados desde el instante en el que le dio la pulsera: "Me casé sin darme cuenta con él en plena sabana". Entre risas, la presentadora decía: "Siempre pasa esto el último día". Así, el africano se convertía en su segundo matrimonio tras el que le unió a Carlos Herrera, con quien se casó en 1991 y se divorció en 2011. Junto al periodista tendría dos hijos, Rocío Crusset, modelo, y Alberto Herrera, también ligado al ámbito de la comunicación. Para cerrar el asunto junto a Valeria Ros, la presentadora realizó una reflexión sobre sus escapadas: "No suelo pensar en viajar sola, pero cuando lo he hecho, me he sentido mucho más a gusto". Además, quería dejar claro un dato a raíz de la anécdota relatada: "Yo no soy promiscua, no voy a países buscando sexo". Síguenos...

Hace menos de una semana, un nuevo escándalo sorprendía al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El grupo sanitario Ribera, que gestiona hasta 16 hospitales y 74 centros médicos en España, se convertía en el protagonista de una historia de rechazo de pacientes, engrosamiento de listas de espero o reducción de intervenciones o procesos no rentables para aumentar los beneficios entre 4 y 5 millones de euros en el Hospital de Torrejón de Ardoz, de naturaleza pública. En el acto celebrado en el Congreso por el día de la Constitución, la presidenta madrileña se pronunciaba al respecto y, de nuevo, utilizaba el azote al Gobierno como estrategia. Desde Mañaneros 360, Javier Ruiz desmontaba los tres pasos de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete, a los que la política siempre recurre para huir de sus escándalos. "Cada vez que Ayuso tiene un problema hay tres cómodos fascículos", arrancaba el presentador, que procedía a enumerarlos. "Fascículo 1: la prensa miente. Fascículo número 2: el Sanchismo está detrás. Si todo falla, fascículo 3: ETA. Los tres fascículos entregados en apenas 48 horas y los tres así", decía, dando paso a varios clips que así los demostraban. Yendo con el primer fascículo, "la prensa", el programa introducía el corte en el que Ayuso decía lo siguiente a las puertas de la Cámara Baja: "Lo que le pido a quienes les han colado estas noticias, a los medios de comunicación que han promovido esto, les pido que cuenten qué rencillas internas había", declaraba. Y es que, en este sentido, la popular aseguró que "hemos visto cómo a un medio de comunicación le han colado varios goles", por lo que le pedía a El País, quien publicó los audios del que fuera el CEO de la empresa, Pablo Gallart, que los publicara "íntegramente para que todos podamos extraer conclusiones". En segundo lugar, "detrás está el Sanchismo": "No se puede poner en tela de juicio a todo el sistema sanitario, por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, o a los profesionales de este hospital. Porque si dicen que se ha utilizado material reutilizado de otros pacientes eso significa que ha habido negligencia por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital, y eso no lo voy a asumir", decía también, tal y como mostraba el espacio de TVE. Por último, "fascículo número 3. Si todo falla, ETA de nuevo". La presidenta madrileña volvía a sacar a relucir a la banda terrorista más de una década después de su disolución: "Sin embargo, lo que sí sucede en España y que se olvidaron contar es que Sánchez le debe el Gobierno a los socios de Josu Ternera, que estamos viendo en los medios de comunicación que es un prófugo de la Justicia y que debería dar explicaciones. Por tanto, los socios de Sánchez, empezando por Bildu y su entorno político, que todos los conocemos, es que nos rompamos, que este día se desluzca y no celebremos la Constitución y la Transición". Estrategia Ayuso en 3...

Jornada complicada la de este martes para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que en unas horas se producirá la reunión con Ribera Salud para abordar la situación del Hospital de Torrejón, a lo largo de la misma mañana de este martes, el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) presentará una denuncia contra el CEO de la entidad, Pablo Gallart, y contra el propio Ejecutivo madrileño por las presuntas irregularidades cometidas en el centro hospitalario que gestiona la mencionada sociedad. Según informa la Cadena SER, el documento incorpora la grabación de la reunión que celebró el cuerpo directivo de este centro el pasado, mes de septiembre en la que el CEO, Pablo Gallart, reclamaba, atenciones sanitarias rentables. La denuncia que se interpondrá ante la Fiscalía señalará tanto al Director General de la empresa TORREJON SALUD, S.A., Gallart, como presunto autor de irregularidades en la gestión del hospital, como a la Comunidad de Madrid, quien podría haber llevado a cabo una presunta omisión de deberes de supervisión; prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación. Asimismo, desde el PSOE-M aseguran que la querella "también se formula contra todos aquellos que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal". El Gobierno de Ayuso se reúne con Ribera Salud mientras el escándalo engorda Este martes, 9 de diciembre, el Ejecutivo de Díaz Ayuso materializará el segundo intento de reunión con Ribera Salud, después de que la primera cita se viese truncada a raíz de la dimisión de Gallart. El Gobierno madrileño solicitaba un nuevo encuentro con el máximo responsable del grupo sanitario privado, por lo que está previso que acuda Emmanuel de Geuser, presidente de Ribera Salud. La dirección del hospital continúa encabezada por Santiago Orio, director gerente desde el pasado mes de octubre, acompañado por la directora de operaciones del grupo, Sonia Hernández, como apoyo corporativo desde Ribera Salud. Tras la difusión de los audios, el Ejecutivo autonómico anunciaba una serie de medidas urgentes, entre las que se encuentra esta reunión. Por otro lado, la Consejería de Sanidad ha enviado al centro un equipo multidisciplinar para conocer la situación 'in situ' y realizar una inspección preliminar, con dos equipos recopilando información actualmente. Asimismo, técnicos de la Dirección General de Inspección visitaron el centro hospitalario el pasado viernes con el fin de seguir analizando el caso y de recabar datos entre los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras poner en marcha una inspección en el centro, se aseguró que todo marcha correctamente: "Por los datos que constan en la Consejería nunca hubo sospecha de malas prácticas", decían, afirmando que el equipo multidisciplinar enviado al hospital había determinado que "nunca se ha recibido queja" y que "los datos de...

El CEO de Ribera Salud ha intentado en los últimos días desacreditar las informaciones que demostraban que había dado órdenes a una veintena de mandos en una reunión interna aumentar las listas de espera para ampliar beneficios. La misma justificación, que también dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, queda este martes desmentida después de que El País haya publicado el audio completo. En el archivo, de cerca de 25 minutos, demuestra que el contexto no es otra cosa que la justificación que su protagonista lleva a cabo para tratar de persuadir a sus subordinados de que tomen las medidas que después les pide. Asimismo, antes de la publicación de las informaciones, el medio mencionado asegura haberse cerciorado de que las directrices que daba Pablo Gallart eran veraces y comprobó de qué manera las mismas se habían dado por escrito. De la misma manera, los periodistas intentaron hablar con Gallart para mostrarle todo el material, que lo comentase y lo contextualizase si consideraba que debía hacerlo, pero no llevó a cabo nada de esto. "Hemos salvado el match ball" De todas formas, el contexto al que hace alusión para escudarse el CEO del grupo sanitario, ya aparecía reflejado en la exclusiva del 3 de diciembre, en la que explicaba que el directivo justificaba los recortes por la falta de beneficios del hospital. Así lo indica: "Hemos estado perdiendo 20 millones al año debido a que la cápita que nos han pagado es muy inferior al servicio que les hemos prestado (…) Tuvimos que tomar una posición o darles una última oportunidad para que arreglaran el contrato. Echamos un pulso en enero, de tal forma que les dijimos a la Administración que si no lo arreglaba les entregaríamos la llave (…) Finalmente, el último día de plazo que les dimos lo aceptaron. Lamentablemente, el equilibrio que esperábamos, que era de 17 millones al año, y solo nos han dado la mitad, aproximadamente nueve. Pero bueno, sí que es cierto que hemos salvado el match ball". En este contexto, a lo que alude Gallart es al rescate de 33,7 millones de euros que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de julio para echar un cable a la empresa y sanear sus cuentas. A ellas se añaden las aportaciones adicionales al contrato de 88 millones de euros en el último lustro, mientras que la deuda que la firma declaró por su inversión en la capital madrileña alcanzaban los 124 millones de euros en 2022. Pero es que ya antes de la petición expresa de aumentar las listas de espera, Gallart las justifica de la siguiente manera: "La Administración, reconociendo esos nueve (millones de euros), de alguna forma, lo que nos ha dicho es qué recursos vamos a tener a futuro, y nosotros, como empresa digamos comprometida con el servicio, lo que vamos a hacer es, evidentemente, adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo a con el dinero o los recursos que ellos nos van...

La Audiencia Nacional obvió documentos clave que implicaban a la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en la operación Kitchen. Este caso, separado de la operación Tándem, se centraba en las actuaciones del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y del excomisario José Villarejo para extraerle documentación al tesorero Luis Bárcenas, en prisión y señalado por la Gürtel y la contabilidad fraudulenta del PP, que pudiera perjudicar al número uno, Mariano Rajoy (M. Rajoy) y a la propia formación. El Tribunal decidió ignorar audios entre el comisario José Villarejo y la ex ministra de Defensa, pese a que estos implicaban directamente a la entonces número tres del partido y a que la propia Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, policía judicial de aquella causa, había entregado las grabaciones completas al juzgado, según denuncia el PSOE. Un actuación a conciencia que se produjo contrariamente a los criterios de Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares. El organismo jurídico dejó pasar los, en aquel momento, nuevos audios sobre la presunta actuación en la trama de la ex presidenta de Castilla-La Mancha -conversando con el excomisario Villarejo-, así como un informe policial que iba en la misma dirección. Proceder que no puede entenderse sin mencionar quién era el magistrado a cargo de la causa, que no podría ser otro que Manuel García-Castellón. Musa de los cachorros de la derecha judicial, admirados por medios de comunicación y alabado por el PP, derrochó en aquel caso una nueva dosis de independencia judicial a la española.

El juez que investiga un presunto delito de malversación en el fraccionamiento "masivo" de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz ha dado un paso decisivo en la instrucción al solicitar auxilio pericial a la Intervención General del Estado (IGAE). El objetivo es que los interventores estatales analicen todos los expedientes bajo sospecha y elaboren informes sobre la justificación de los contratos, los precios autorizados y el posible perjuicio causado a las arcas públicas. Según una providencia fechada el 4 de diciembre, que detalla 'eldiario.es', el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, acepta la petición del PSOE, personado como acusación popular. Los socialistas reclamaron la participación de la IGAE en una causa que afecta directamente al Gobierno de Juan Manuel Moreno, también personado en el procedimiento como responsable civil subsidiario. El encargo pericial plantea un "análisis global e integral" de la contratación menor presuntamente fraccionada de manera irregular. Dos frentes judiciales abiertos sobre la contratación en el SAS La investigación de Cádiz es una de las dos causas que actualmente escrutan la contratación sin publicidad ni concurrencia en el SAS. En Sevilla, otro juzgado mantiene imputados a los tres últimos gerentes de la sanidad andaluza por un posible delito de prevaricación, al haber recurrido de forma reiterada a contratos de emergencia entre 2021 y 2024, pese a que el marco excepcional de la pandemia ya había decaído. Está previsto que declaren ante el juez el próximo mes de noviembre. En Cádiz, la causa se centra en un supuesto delito de malversación relacionado con la concesión de 235 millones de euros mediante cientos de contratos menores troceados durante 2021. En esta investigación está imputado el responsable de compras del SAS en la provincia, que ya ha comparecido ante el magistrado, así como los interventores provinciales que firmaron un duro informe alertando del "abuso" de la contratación menor y del "fraccionamiento" sistemático con una misma empresa y para prestaciones idénticas. El pasado octubre, el juez de Cádiz ya rechazó el recurso del SAS que solicitaba el archivo de la causa y acordó prorrogar la instrucción durante seis meses más. Ahora, el magistrado da un nuevo impulso al procedimiento al encargar a la Intervención General del Estado un análisis exhaustivo del volumen de contratación sospechoso. Entre los informes solicitados destaca la determinación del daño económico causado al erario, "aun de manera aproximativa o potencial", a partir del examen de cómo la falta —o presencia— de adecuación al procedimiento legal de contratación y el incumplimiento de los principios de publicidad, competencia y concurrencia pudieron influir en los precios o en la adjudicación de los contratos. 235 millones en el punto de mira La investigación judicial sobre el SAS en Cádiz no surge de manera aislada, sino que se enmarca en un proceso mucho más amplio de escrutinio a la contratación sanitaria en Andalucía. Desde hace más de dos años, el SAS arrastra una creciente polémica por el presunto fraccionamiento sistemático de contratos menores, una práctica que...

Los Premios Diké de Derechos Humanos, impulsados por las Cortes de Castilla-La Mancha, vivirán este miércoles en Toledo su primera ceremonia de entrega. El Palacio de Benacazón será el escenario en el que la institución reconocerá a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), a la artista Rozalén y a los municipios de Villamalea y Tarazona de la Mancha, distinguidos por su compromiso con la paz, la igualdad y la convivencia. Una iniciativa que nace en un momento especialmente necesario, cuando determinados discursos políticos que han ganado espacio en España tienden a cuestionar derechos fundamentales que la ciudadanía daba por consolidados. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha explicado que estos galardones buscan vincular la labor institucional con la defensa de los valores democráticos, subrayando que la Constitución no solo define derechos, sino que también exige una forma de entender la política basada en el respeto, el diálogo y el consenso. En un contexto en el que las derechas han decidido levantar muros ideológicos y alimentar la crispación, Bellido ha reclamado la necesidad de defender lo que denomina "el espíritu de la Transición", frente a lo que advierte como "la odiocracia", esa deriva que convierte la convivencia en un campo de batalla. En esta primera edición, el reconocimiento a la trayectoria internacional recae en UNRWA, la agencia creada en 1949 para atender a la población refugiada palestina. El jurado destaca su papel esencial en la asistencia humanitaria y en la documentación de las violaciones de derechos humanos, especialmente en un escenario tan devastador como el de Gaza. La organización, además, ha sido víctima directa de la violencia y se ha convertido en objetivo de ataques, lo que refuerza la importancia de su labor en un momento en el que algunos gobiernos alineados con posiciones próximas a la ultraderecha internacional intentan deslegitimar su trabajo. El segundo premio recaerá en los ayuntamientos albaceteños de Villamalea y Tarazona de la Mancha, reconocidos como referentes nacionales de convivencia y actitud antirracista. Sus políticas municipales, elaboradas junto a los servicios sociales, entidades locales y vecinos, han consolidado un modelo de inclusión valiente, una forma de demostrar que la convivencia no es solo un ideal, sino una práctica cotidiana que fortalece el tejido social. Frente a los discursos que criminalizan la diversidad —en gran medida alimentados por Vox y tolerados por el PP en muchos municipios—, estos pueblos representan el camino opuesto: el de la integración como herramienta para construir comunidad. El tercer galardón distinguirá a la artista Rozalén, cuya carrera ha estado marcada por un compromiso inequívoco con la igualdad, la memoria democrática, la inclusión y la paz. Su música, siempre acompañada por la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero, se ha convertido en un vehículo de expresión social y en un puente hacia quienes encuentran barreras en el acceso a la cultura. En tiempos en los que ciertos sectores intentan relativizar o directamente negar la importancia de los derechos humanos, Rozalén simboliza la fuerza de...

O Consello da Cultura Galega, institución consultiva creada polo Estatuto de 1981 coa encomenda legal de asesorar a Xunta en materia cultural, vén de emitir un informe onde alerta dos riscos para o pa...

Hace 30 años, en 1995, el Congreso de los Diputados ideó uno de los instrumentos más referentes y longevos de la historia democrática: la Comisión del Pacto de Toledo. Su objetivo era debatir, consens...