En caso de considerar que se trata de contramedidas por supuestas vulneraciones contractuales, sobrepasan todos los límites: implican el uso de la fuerza, afectan a los DDHH básicos de los venezolanos y no serían proporcionales.

En mi opinión, el salto de la piratería a la agresión se produce precisamente por la escala de los hechos.

Ya no se trata solo de la ejecución ilícita de unas medidas coercitivas unilaterales aplicadas a un buque, sino el carácter general de la acción.

Cabe recordar que la utilización de la fuerza para el cobro de las deudas internacionales se limitó ya en 1907, con la Convención Drago-Porter. El origen fue precisamente un bloqueo europeo de Venezuela (1902-1903).

La base jurídica de la prohibición hoy es el art. 2.4 de la Carta de NNUU.

La acumulación de usos de la fuerza para detener buques tiene la escala y los efectos suficientes para ser calificada como ataque armado.

Ironías de la vida, Venezuela está legitimada para ejercitar su derecho a la legítima defensa para repeler el ataque armado en curso.

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