La sentencia también apunta al borrado de los mensajes del teléfono de García Ortiz como un indicio contra él: “Permite constatar el ocultamiento para evitar un posible descubrimiento de datos incriminatorios”.

“El Fiscal General del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito como la divulgación de un escrito de reconocimiento. La negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida”

Los jueces reconocen que el bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez sobre cómo la Fiscalía había ofrecido un pacto era “una especulación gratuita”, pero aún así entiende que el comunicado que sacó el Ministerio Público para desmentirlo reveló datos confidenciales de forma indebida

Los indicios, añaden, “permiten construir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”

Los jueces entienden que “no existe una explicación alternativa razonable” que apunte a otro lado que no sea a la Fiscalía y al propio García Ortiz, que “tuvo una participación directa” para hacer llegar el correo a los periodistas

Los jueces no cuestionan que los periodistas pudieron tener acceso a esos datos antes que el propio García Ortiz pero “que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general”.

La sentencia entiende que la nota de prensa de la Fiscalía sobre el caso también reveló datos confidenciales y que “el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”