El convenio de mayoristas de alimentación incorpora un protocolo ante catástrofes
El sector de mayoristas de alimentación en Alicante ha firmado y registrado su nuevo convenio colectivo. El nuevo acuerdo, que han firmado la asociación de empresarios y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, se aplica en 65 empresas y a 1.565 trabajadores de la actividad de venta al por mayor de artículos de alimentación y bebida en la provincia. La firma ha supuesto generar un nuevo marco laboral para los próximos años que, junto a los incrementos salariales, recoge novedades que suponen un avance en políticas sociales y de prevención. Así, cabe destacar que se ha incorporado una disposición adicional que implica la inclusión de un protocolo de actuación ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. El tema cobra especial relevancia en un territorio como la provincia que ha vivido diferentes coyunturas de ese tipo como fue la dana de 2019 en la Vega Baja y, por extensión, la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Después de la riada del año pasado, el Gobierno central dispuso que si se daban circunstancias de alerta roja la actividad se interrumpiera. Esta decisión abrió un debate que, poco a poco, empresariado y sindicatos van cerrando merced a este tipo de acuerdos y medidas encaminadas a la prevención de riesgos laborales. El apunte se basa en la evaluación de 'los riesgos meteorológicos más frecuentes en la zona, en referencia a inundaciones, tormentas eléctricas, nevadas, huracanes, olas de calor, entre otros; así como mantener 'actualizados los mapas de riesgo y las vías de evacuación', además de 'mantener un stock de suministros de emergencia (botiquines, linternas, generadores eléctricos, mantas, agua potable)' y asegurar que, en las empresas, se cuenta con 'sistemas de comunicación de emergencia (radios, teléfonos satelitales) operativos'. Cabe recordar que durante la dana, uno de los principales problemas es que se perdieron las comunicaciones por telefonía móvil y muchos trabajadores quedaron incomunicados y aislados. Otra de las novedades es la regulación de su artículo 48 sobre 'acoso sexual y acoso por razón de sexo'. Desde la patronal, señalan que se ha graduado estas situaciones y que se ha considerado que tanto estas figuras como 'el ciberacoso, así como comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras” pasan a considerarse como 'muy grave' y, por lo tanto, puede dar pie al despido disciplinario de la persona. En el convenio se ha introducido también la 'disposición adicional quinta' que aborda la adopción de medidas LGTBI en las empresas. Los trabajadores y las direcciones se comprometen a 'crear espacios de trabajo inclusivos y seguros y favorecer la integración y la no discriminación al colectivo'. También se ha estimado el sistema para regularizar los procedimientos de solicitud de las excedencias y el cese en la empresa; la actualización de las licencias retribuidas, donde se ha incluido el permiso por incidencias climáticas; así como los periodos de descanso con motivo de nacimiento y cuidado de menor. En esta línea, el convenio actualiza el funcionamiento de los contratos temporales por circunstancias de la producción y sustitución de la persona trabajadora. Entre otros aspectos, existirá una reserva del puesto 'siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución'. La duración del convenio es de tres años. Se ha aprobado con carácter retroactivo, pues entra en vigor con efectos del 1 de enero de este año y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2027. Respecto a la cláusula de revisión salarial, el acuerdo prevé diferentes subidas. Para este ejercicio, el acuerdo marca un incremento de 3% sobre las tablas de 2024 con efectos aplicable para todo 2025. En el caso de que el IPC del año sea superior al 3 %, se incrementará hasta un 1 % que quedará registrado de cara a las tablas de 2026. En cuanto a la próxima anualidad, el documento prevé una subida del 2,5 % sobre las tablas salariales del año anterior a partir del 1 de enero. En el caso de que el IPC de 2026 sea superior al 2, 5%, se incrementará hasta un uno por ciento que se incorporará en las tablas de 2027, sin atrasos, en la misma línea de este año. Para el último ejercicio de vigencia, el incremento se fija en los mismos términos.