Llevan siete años tomándonos el pelo y pretenden seguir haciendo lo mismo hasta que Conde Pumpido diga ¡basta! Lo de José Luis Ábalos (cada vez con más cara de Torrente V) no tiene un pase. ¿Se cree que el juez del Tribunal Supremo, el Fiscal Anticorrupción, los oficiales investigadores de la UCO, los periodistas que han levantado el supercaso de corrupción que le afecta son bobos de baba? Amén de no renunciar al escaño, la sinvergonzonería la ha llevado hasta la Sala del Supremo que le investiga. Echa la culpa a su asistente Koldo que, como buen corderito con problemas cerebrales, lo asume sin rechistar. Vamos a ver, presuntos corruptos hasta la médula: ¿Alguien en su sano juicio puede tragarse que Aldama y Koldo sin el aval expreso del entonces ministro y jefe del PSOE pudieron hacer lo que presuntamente hicieron? Vamos a ver, caraduras al paño, ¿alguna cabeza medianamente amueblada puede pensar siquiera que Ábalos sin el aval y conocimiento de su jefe de fila Sánchez pudiera enriquecerse (presuntamente) y dominar todo el paisaje socialista plagado de detritus? ¡Por favor! Decían que Ábalos es persona inteligente o muy inteligente. Ha demostrado, además de un tipo sin moral, sin formas y sin mínimas maneras, ser más bobo que aquel que asó la manteca con el dedo. Sus coartadas, facilitadas por el único valedor que le resta en el PSOE, Óscar Puente, las deshizo el fiscal de un plumazo.    Nada tiene de extraño, conociendo la catadura histórica del PSOE, que vayan a reducir el caso más grandioso de corrupción de España en los últimos tiempos –después de los amnistiados ERES–, que pretendan poner toda la responsabilidad del latrocinio en las gruesas espaldas del leñador navarro que es tan alto y fornido que difícilmente le llega el riego al cerebro. ¡Vivir para ver! ¡Qué repugnancia!

El pasado mes de octubre, el gobierno de Pedro Sánchez anunció un 'tasazo' de basuras que será de cumplimiento obligatorio para los gobiernos municipales. Los alcaldes se han visto obligados a desarrollar este nuevo gravamen a raíz de la aprobación de la Ley de Residuos, uno de los proyectos estrella de la ya ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien dejó todo atado para que los gobiernos municipales no tuviesen más remedio que introducir este gravamen. Hasta ahora, muchos gobiernos municipales no cobraban una tasa de basuras y otros moderaban su impacto para que no llegase a alcanzar el umbral que ahora se pretende generalizar y que significa que todos los municipios deberán sufragar el 100% del coste de este servicio, siguiendo las directrices que ha marcado el gobierno de Pedro Sánchez. Ante la resistencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ribera alegó que este cambio fiscal se deriva de una normativa europea. Sin embargo, precisamente ahora que la ex ministra de Transición Ecológica acaba de empezar su periplo como comisaria en Bruselas, las instituciones comunitarias han puesto de manifiesto que la aplicación del 'tasazo' no es, en absoluto, un dictamen que emana de la Unión Europea y que, por tanto, se debe aplicar por obligación. Como explica la eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, 'el gobierno nos decía que este 'tasazo' de basuras que entra en vigor en enero de 2025 venía impuesto por Bruselas, pero desde el Parlamento Europeo se lo hemos preguntado a la Comisión y su respuesta ha sido muy clara, que ha negado que esta subida fiscal venga decretada por las instituciones comunitarias'. 'Esto ya ni siquiera es fanatismo climático, sino la pretensión de sabotear a tantos y tantos ayuntamientos donde el Partido Popular arrasó al Partido Socialista en las últimas elecciones. Quieren obligar a estos alcaldes a subir las tasas a los vecinos y que ya no se pague el servicio de basuras con remanentes de Tesorería o con otros recursos municipales, que es lo que defendemos nosotros', apunta la política madrileña. 'Una vez más, la izquierda quiere imponerle al ciudadano de a pie el precio para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, pero les estamos desenmascarando, porque ahora van a tener que explicar qué pretenden hacer con esta subida de impuestos, que supone 3.800 millones de euros de incremento recaudatorio', explica Ezcurra. 'Mal empieza Teresa Ribera, primera semana en el cargo y primer fracaso: sus propios compañeros reconocen públicamente que miente', concluye. A continuación se puede comprobar la pregunta remitida por los europarlamentarios del PP: En su respuesta, la Comisión Europea apunta que 'las autoridades locales pueden adoptar otras medidas' y que dichas soluciones 'pueden variar, además, en función de los agentes a los que se impongan', negando así el discurso de Ribera según el cual Bruselas impuso a España la obligación de sacar adelante el 'tasazo' de basuras. A partir de 2025, los Ayuntamientos deberán cobrar esta tasa, con un impacto recaudatorio de 3.800 millones de euros. En el caso de Madrid, por ejemplo, se estima que el golpe será de 140 euros por familia, generando unos 256 millones de incremento recaudatorio para la corporación local. La ayuntamiento de la capital recuerda que el gobierno no tenía la obligación de aplicar una tasa de estas características, como ha demostrado la respuesta de la Comisión a las preguntas de los europarlamentarios del PP, y ha responsabilizado exclusivamente al gobierno de Sánchez por su 'voracidad fiscal'. Asimismo, desde Cibeles denuncian 'la indefinición y las dificultades jurídicas del gravamen', alertando de escenarios similares a las reclamaciones masivas por el diseño de la nueva plusvalía municipal. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local también se ha sumado a las críticas al gravamen, alertando de la deficiente técnica con la que se ha definido un impuesto que debe implantarse de forma generalizada a partir de 2025. Asimismo, también se habla ya del posible efecto de segunda ronda que podría tener el ‘tasazo’ en el precio de los alquileres, en la medida que el gravamen puede ser asumido inicialmente por los propietarios pero, a continuación, puede terminar siendo repercutido sobre los inquilinos, como sugiere la teoría económica sobre los costes reales de los impuestos. Desde el Partido Popular, que controla numerosos ayuntamientos tras los buenos resultados cosechados en las elecciones municipales de 2023, apuntan que el tributo 'será compensado con otras rebajas fiscales y bonificaciones'.

El Índice de Competitividad Fiscal (ICF), que publica la Tax Foundation y que en España divulga el Instituto de Estudios Económicos (IEE), es un instrumento de referencia para el análisis del sistema fiscal de los países de la OCDE, pues proporciona una visión más realista de la situación comparada de cada uno de ellos y transciende el simplista uso del indicador de presión fiscal como único dato de referencia para este tipo de análisis. En el informe de 2024 del ICF se refleja, como en años anteriores, el perjudicial efecto que están teniendo en la competitividad fiscal de España las continuas subidas de impuestos y la introducción de nuevos gravámenes con especial incidencia para las empresas y un efecto último que se acaba trasladando al empleo, los salarios y la inversión. El IEE replica a este respecto que 'la lógica económica nos indica que, muy al contrario, cualquier incremento de la recaudación debería conseguirse mediante el aumento de las bases imponibles, buscando fórmulas que favorezcan la inversión y la creación de empleo, para lo cual, cualquier reforma debe ser meditada, evaluados sus efectos económicos, y realizarse con vocación de estabilidad, ya que, de lo contrario, produce efectos no deseados sobre la actividad económica y provoca un reparto de la carga fiscal que no es neutral ni respeta los principios de equidad y eficiencia que deben inspirar un sistema tributario'. Hace unas semanas, el Instituto Juan de Mariana hablaba de estos temas en su informe Populismo fiscal, que cuantificaba 81 subidas de impuestos y cotizaciones bajo mandato de Pedro Sánchez y alertaba de 46 propuestas recaudatorias más que el PSOE ha llevado recientemente al Congreso. En la misma línea, el Índice de Competitividad Fiscal pone de manifiesto que los contribuyentes españoles, y más especialmente las empresas, soportan una carga tributaria superior a la de los países de nuestro entorno. Así, en el año 2024 España ocupa la posición 33 de 38 países analizados para el ICF, empeorando sobre la posición 31 que ocupaba en 2023 y muy por debajo de la posición 27 que alcanzábamos en 2020, lo que muestra un drástico deterioro que resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que partíamos de una situación ya de por sí negativa. Solamente puntúan peor que España los modelos tributarios de otros cinco países, de modo que somos los sextos... por la cola. Estamos, además, muy lejos de la media de la OCDE y de la UE y casi un 50% por debajo de las economías con mejor resultado, entre las que un año más destacan los países bálticos. En total, el ICF incluye 42 variables de política fiscal agrupadas en cinco grandes categorías de impuestos: fiscalidad empresarial, impuestos aplicados sobre la renta, tributación del consumo, gravámenes patrimoniales y de la riqueza y tratamiento de rentas internacionales. 'Por décimo año consecutivo, Estonia tiene el mejor código fiscal de la OCDE. Su puntuación bebe de cuatro características muy positivas que caracterizan, desde hace años, al modelo tributario del país báltico. En primer lugar, Estonia aplica un tipo del 20% en el Impuesto sobre Sociedades que no diferencia según el tamaño de las compañías ni el volumen de ganancias obtenidas y, sobre todo, se aplica solamente cuando hay reparto de dividendos, de modo que la reinversión de beneficios resulta libre de impuestos. En segundo lugar, su IRPF es del 20% a partir de un mínimo exento, bajo un sistema de tarifa plana o flat tax que no aplica recargos adicionales y, además, no se aplica a los ingresos por dividendos personales, que ya tributan realmente a través del IS y, por tanto, no deberían quedar sujetos a escenarios de doble imposición como los que vemos de forma recurrente en otros países. En tercer lugar, su impuesto a las propiedades inmobiliarias solo se aplica al valor asignado al terreno, y no al valor que se imputa a la propiedad levantada sobre dicha parcela. Por último, y en cuarto lugar, su sistema fiscal es de corte territorial y permite repatriar el cien por cien de las ganancias obtenidas por filiales en el extranjero sin necesidad de pagar recargo alguno, explica el informe. Aunque el sistema fiscal de Estonia es el más competitivo de la OCDE, otros países obtienen notas muy altas que también son dignas de mención: 'Letonia, por ejemplo, adoptó recientemente el sistema estonio de tributación empresarial y también cuenta con un sistema relativamente eficiente para gravar la renta de los asalariados. Nueva Zelanda, por su parte, tiene un impuesto sobre la renta individual relativamente plano, con tipos inferiores al promedio de la OCDE. Cuenta, además, con un IVA de base amplia y, por otro lado, no aplica impuestos sobre herencias ni donaciones de propiedades y activos, como tampoco sobre las transacciones financieras. Suiza tiene un tipo general del IS relativamente bajo (en promedio, los cantones gravan las ganancias corporativas al 19,7%), así como un IVA de base amplia y con tipos relativamente moderados o un IRPF que exime, parcialmente, las rentas de capital. Por su parte, Lituania grava al 15% los beneficios empresariales y permite a las empresas deducir una alta proporción de sus costos de inversión de capital, aplicando, asimismo, un IRPF de tasa relativamente plana y baja'. Nuestro país obtiene calificaciones decepcionantes en buena parte de las métricas analizadas. Lo vemos, por ejemplo, en el subíndice dedicado al Impuesto de Sociedades: También el IRPF o el IVA obtienen una evaluación mediocre: Especialmente grave es el resultado cosechado en la fiscalidad sobre la propiedad, donde gravámenes como Patrimonio, Sucesiones o el IBI penalizan severamente a nuestro país, el penúltimo del listado. España puntúa algo mejor en el tratamiento de rentas internacionales, pero ha perdido parte de su atractivo en los últimos años al introducir medidas que perjudican la repatriación de beneficios obtenidos por filiales extranjeras: España estaba en el puesto 27 del ICF en el año 2016, pero la edición de 2024 nos relega al número 33. Nuestra calificación ha caído de 59,5 a 56,3 puntos durante dicho periodo, pasando de 60,3 a 56,3 puntos bajo mandato de Pedro Sánchez. El gobierno ha manifestado que la subida fiscal era necesaria para combatir el déficit, pero el informe de la Tax Foundation y el IEE desmonta dicho argumento: Partiendo de esa base, el estudio afirma que 'hay una serie de reformas urgentes en el ámbito de la fiscalidad. Si nuestro país desea alcanzar posiciones más elevadas en el ICF y, por lo tanto, revertir la tendencia negativa de los últimos años, la primera línea de trabajo debe ser, indudablemente, una reforma de la fiscalidad aplicada sobre las empresas y el patrimonio de los contribuyentes'. ¿Qué pasaría si España adoptase un modelo de imposición empresarial y patrimonial similar al de Suecia? El estudioo apunta que 'es bien sabido que el país escandinavo es frecuentemente citado como un referente a seguir en materia de gobierno, especialmente por parte de fuerzas políticas de izquierdas como las que ahora llevan la batuta de la política fiscal en España. Por lo tanto, la referencia parece afortunada. Además, puesto que Suecia ocupa el puesto 12 del ICF de 2024, la comparativa no parte de presupuestos excesivamente optimistas, sino que pasa, simplemente, por emular a un país con un resultado positivo'. Pues bien, 'si España replicase el modelo sueco de fiscalidad empresarial y patrimonial, su nota, en la primera de estas dos categorías, pasaría a ser de 72,6 puntos, frente a los 50 puntos actuales, mientras que la calificación obtenida en la segunda categoría mencionada subiría también a 72,6 puntos, duplicando los 36,5 puntos actuales. En el agregado, España pasaría a registrar una nota final de entre 67 y 68 puntos, lo que significa que su posición en el ICF aumentaría con fuerza, hasta moverse en torno al número 15 del ranking. Obviamente, semejante mejora supondría un antes y un después, y elevaría, sustancialmente, la competitividad fiscal de nuestro país. Para lograrlo sería preciso reflexionar sobre los aspectos que penalizan nuestra puntuación en el índice y nos condenan a una posición tan mediocre como la que viene alcanzando nuestro país a lo largo de los últimos años. En lo tocante al Impuesto sobre Sociedades, por ejemplo, el tipo general aplicado en España es del 25%, frente al 20,6% de Suecia. Las deducciones aplicadas también son más generosas en Suecia que en España: cubren el 86% en el caso de la maquinaria, el 48% de la adquisición de suelo y bienes inmuebles y el 86% de la compra de activos intangibles, por encima del 78%, 39% y 74% aplicables en España. En cuanto a las reglas de inventario, España aplica el sistema de precio medio y Suecia, el método FIFO (first in, first out). Además, en el país escandinavo no se aplica un impuesto a los servicios digitales, mientras que, en España, sí rige la llamada tasa Google'. Todos estos diferenciales 'explican la brecha entre ambos países y ofrecen una guía sencilla para la reforma. Algo parecido ocurre cuando desglosamos los distintos modelos de fiscalidad de la propiedad vigentes en ambos países. Los bienes inmobiliarios, por ejemplo, soportan una fiscalidad más onerosa en España, donde su recaudación equivale al 0,6% del stock de capital. En Suecia, esta rúbrica es un 40% más baja y ronda el 0,4%. Además, España aplica un Impuesto sobre el Patrimonio y un Impuesto sobre Sucesiones, dos gravámenes que no existen en la economía del país escandinavo. Otra diferencia notable radica en el cobro de la llamada tasa Tobin, que Suecia eliminó hace décadas pero que España ha introducido recientemente. Son estas diferencias las que, en el agregado, influyen más directamente en la tributación de un país y otro. Rectificando los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, España pasaría a recalar alrededor del puesto 15 del ICF y se situaría, de hecho, cerca de Suecia. Por lo tanto, si bien es importante adoptar mejoras en el Impuesto sobre la Renta, el IVA y el tratamiento de las rentas internacionales, parece evidente que las actuaciones claramente prioritarias son aquellas ceñidas al Impuesto sobre Sociedades y la fiscalidad del patrimonio. Si España quiere mejorar su competitividad fiscal de forma drástica deberá centrarse en reformar la imposición empresarial y la tributación de la propiedad'.