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Dos causas judiciales y resultados dispares para aquellos que se enfrentan por la vía legal a los violentos operativos contra inmigrantes de la Administración de Donald Trump, que han causado la muerte de dos personas a manos de los agentes federales y han desatado una oleada de indignación y protestas. Aunque ambos jueces, uno de Texas y otra de Minnesota, se refirieron en mayor o menor medida en duros términos a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sus fallos fueron por caminos separados. El juez federal de distrito Fred Biery, con sede en San Antonio, ordenó que Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y su padre Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, deben ser liberados antes del martes del centro de detención de Texas en el que se encuentran luego de haber sido arrestados por miembros del ICE en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, el 20 de enero pasado. En tanto, la jueza federal Katherine Menendez denegó una solicitud de medida cautelar presentada por autoridades del estado de Minnesota para suspender las redadas anti-inmigración que la Administración Trump ha ampliado e intensificado en las últimas semanas. Liam Conejo Ramos, el caso que alimentó aún más la indignación contra la ofensiva migratoria La detención de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, despertó conmoción e indignación en Estados Unidos y más allá. La fotografía del pequeño, usando un gorro celeste con orejas de conejo y siendo sostenido de la mochila por un agente de migración se volvió viral. Sobre su arresto, vecinos y funcionarios escolares afirmaron que los oficiales del ICE utilizaron al niño como cebo, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera. Esta descripción fue calificada de "mentira abyecta" por el Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez acusó al padre de huir a pie y dejar al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa. Desde entonces, Liam y su padre Adrián fueron enviados a un centro de detención para familias migrantes en Dilley, Texas, a 1.800 kilómetros de Minneapolis. "El caso tiene su origen en la mal concebida e incompetente implementación del objetivo buscado por el gobierno de alcanzar cuotas diarias de deportación, al parecer incluso si ello exige traumatizar a niños", escribió el juez Fred Biery, quien previamente había dictaminado que el niño y su padre no podían ser expulsados de Estados Unidos, al menos por ahora. Mientras el gobierno afirma que Conejo Arias entró ilegalmente a Estados Unidos desde Ecuador en diciembre de 2024, el abogado de la familia afirma que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en el país. "También parece que el gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia", añadió el juez en su fallo, antes de citar palabras de Thomas Jefferson sobre la necesidad de prevenir el autoritarismo. Tras la decisión, el bufete de abogados de Jennifer Scarborough, que representa al niño y a su familia, declaró que está trabajando para garantizar una reunión segura y oportuna. "Nos complace que la familia ahora pueda concentrarse en estar juntos y encontrar algo de paz después de esta experiencia traumática", sentenció. Una jueza federal evita la suspensión de las redadas anti-inmigración en Minnesota En el otro fallo de este sábado, la jueza Katherine Menéndez argumentó que no estaban dadas las condiciones para dictar la medida cautelar para frenar las amplias y violentas redadas de los agentes de inmigración en Minnesota, como habían solicitado el fiscal general del estado, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul. La decisión sobre la medida provisional se centró en el argumento de los funcionarios de Minnesota de que el gobierno federal viola la Décima Enmienda de la Constitución, que limita las facultades del gobierno federal para vulnerar la soberanía de los estados. El gobierno federal defendió que el aumento, denominado Operación Metro Surge, es necesario en su esfuerzo por sacar a los inmigrantes criminales de las calles y porque las campañas federales se han visto obstaculizadas por las "leyes y políticas santuario" estatales y locales. En su fallo, la jueza se basó en gran medida en la probabilidad de que el argumento de las autoridades de Minnesota prosperara en los tribunales, señalando que la opción de éxito no "pesa lo suficiente a favor de otorgar una orden judicial preliminar". Es decir, que no hay certezas de que las autoridades de Minnesota vayan a ganar el caso contra las redadas anti-inmigración, por lo que no se pueden tomar medidas preventivas. Menéndez matizó que su decisión no es un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado de Minnesota y tampoco se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringían la ley. No obstante, la jueza destacó que la demanda demuestra sólidamente que el aumento de las operaciones del ICE está teniendo un efecto "profundo e incluso desgarrador" en la gente de Minnesota, y se refirió a los múltiples tiroteos de agentes federales contra residentes del estado, entre ellos los que causaron la muerte de Renée Good y Alex Pretti. "Además, hay evidencia de que los agentes de ICE y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) han incurrido en discriminación racial, uso excesivo de la fuerza y ​​otras acciones dañinas", escribió. Festejos de funcionarios de Trump, decepción y cautela en Minnesota La decisión fue celebrada por la Administración Trump. En su cuenta de X, la fiscal general Pam Bondi lo calificó como "otra GRAN" victoria legal para el Departamento de Justicia, mientras que en una conferencia de prensa en Miami, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que su agencia está "agradecida cuando un tribunal ve que se ha hecho lo correcto". Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sostuvo en un comunicado que estaba decepcionado. "Esta decisión no cambia lo que la gente de aquí ha vivido: miedo, perturbación y daño causados ​​por una operación federal que, para empezar, nunca tuvo cabida en Minneapolis", subrayó Frey. "Esta operación no ha traído seguridad pública. Ha traído lo contrario y ha mermado el orden que necesitamos para una ciudad funcional. Es una invasión y debe cesar", concluyó. De su lado, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, aclaró que el caso aún está en sus primeras etapas y que su oficina seguirá adelante con la demanda. "Sabemos que estos 3000 agentes de inmigración están aquí para intimidar a Minnesota y doblegar al estado a la voluntad del gobierno federal –declaró Ellison–. Eso es inconstitucional según la Décima Enmienda y el principio de igualdad soberana. No cejaremos en la defensa de los poderes constitucionales de nuestro estado". Mientras tanto, las protestas contra las acciones de ICE no cesan en Minneapolis, donde el fallo fue recibido con una mezcla de preocupación y resignación. "No es sorprendente, pero es terrible", afirmó a la agencia AP Tucker Johnson, un profesor de secundaria de 27 años que participó de una movilización en un parque de la ciudad. Él agregó que la asistencia a clases ha tenido una disminución significativa desde que comenzaron. "Nuestros estudiantes no pueden recibir educación porque ellos y sus familias tienen demasiado miedo de ir a la escuela. Eso está mal, diga lo que diga el tribunal", remarcó. Con él coincidió Carrie Schmitt-Jost, una enfermera de 54 años, quien señaló que el fallo es una "vergüenza para la jueza", pero subrayó que "eso no nos detendrá". Con AFP y AP

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